Gracias a todos aquellos quienes se tomaron la molestia de enviarme una felicitación el pasado mes de agosto por los 2 primeros años de vida de este breve espacio virtual.
Una vez más he desaparecido por mis actividades laborales y académicas. Recuerdo el haber prometido escribir la segunda parte de Una reflexión sobre el PROSOFT, sin embargo, he decidido regresar con mis comentarios sobre una noticia que ha sido génesis de esta entrada sobre un México interoperable.
El pasado 6 de Septiembre, la Secretaría de la Función Pública ha tenido el acierto de publicar en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal".
Dentro de este documento, se definen conceptos de los que siempre hemos hablado en este vórtice tecnosófico, tales como interoperabilidad, neutralidad tecnológica y estándares abiertos, entre otros.
En su artículo segundo, define el concepto de interoperabilidad como "la capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones".
Posteriormente, define el concepto de neutralidad tecnológica como "la opción de elegir la alternativa tecnológica más adecuada a las necesidades de las dependencias y entidades, con el propósito de no excluir, restringir, condicionar o favorecer alguna tecnología o modelo de negocio informático en particular".
Todo esto es de lo que hablaba con ustedes en entradas de meses anteriores tales como En busca de la independencia tecnológica. Lo cual me tiene satisfecho porque como le puede pasar a cualquiera de nosotros de vez en cuando, nos da la ilusión de que la vida o el mundo, finalmente nos ha hecho caso en algo.
Me llama la atención el siguiente considerando: "Que en el desarrollo de sus sistemas y aplicaciones tecnológicas, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal utilizan tecnologías y arquitecturas heterogéneas que, al no comunicarse entre sí, impiden compartir los recursos de infraestructura y contenidos, lo que genera duplicidad de la información relacionada con una misma persona, así como el retraso e incremento en el costo de los trámites y servicios públicos".
Y a eso le sumamos lo que dice en su artículo primero: "Se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, el cual tiene por objeto determinar las bases, principios y políticas que deberán observar las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República, para la integración de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para compartir y reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia operativa de la Administración Pública Federal y su relación con la sociedad".
De pronto pareciera que se entiende que el tema de la interoperabilidad afecta en mayor grado a las relaciones G2G (Government to Gobernment) dentro de un esquema de gobierno electrónico, más que en entender que la mayor afectación ocurre en el tipo de relación G2C (Government to Citizen).
Es decir, siguiendo la lógica del documento, se da a entender que el acuerdo nace del problema que tiene el mismo gobierno para entenderse en la propia torre de babel que con el tiempo se ha construído, más que en el problema que representa para los ciudadanos el acceder a los datos de gobierno.
En pocas palabras, es afirmar que el ciudadano será beneficiario, pero de manera indirecta.
Algunos harán uso de aquella frase que dice: "Ya no la pidas con chongos". Muchos otros dirán: "Bueno, el buen juez por su casa empieza". Pero rescatando el punto fino o quid de esta cuestión, este acuerdo es nueva evidencia de que el ciudadano continúa sin ser el motor principal de este tipo de acciones.
Y sin embargo, pueden ver que las urnas electrónicas que piensa utilizar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para las elecciones 2012, tienen como sistema operativo Windows y no alguna de las distribuciones de Linux, lo que encarecerá su costo por el licenciamiento requerido. Y mejor no entrar en lo relativo a la seguridad.
¿ Dónde quedó eso de considerar la mejor opción en cuanto a uso, costo, beneficio, riesgo e impacto ?
Es decir, siguiendo la lógica del documento, se da a entender que el acuerdo nace del problema que tiene el mismo gobierno para entenderse en la propia torre de babel que con el tiempo se ha construído, más que en el problema que representa para los ciudadanos el acceder a los datos de gobierno.
En pocas palabras, es afirmar que el ciudadano será beneficiario, pero de manera indirecta.
Salvo el anterior discreto pero no menos importante punto fino, este acuerdo es una muy buena noticia y un gran paso para que nuestro México adopte unas de las mejores prácticas a nivel internacional.
Me pregunto si este hecho tendrá la capacidad de permear a los siguientes niveles de gobierno, porque desde hace mucho tiempo que el artículo vigésimo primero del "Decreto de Austeridad en las Tecnologías de Información y Comunicaciones" fue publicado y en el cual, en su punto 25 dice lo siguiente:
"Las dependencias y entidades, en el caso de software, considerarán tanto
soluciones comerciales de licencia restringida, como software libre o
código abierto, para lo cual deberàn evaluar aquella opción que
represente las mejores condiciones en cuanto a uso, costo, beneficio,
riesgo e impacto"
¿ Dónde quedó eso de considerar la mejor opción en cuanto a uso, costo, beneficio, riesgo e impacto ?
Los veré en la siguiente entrada.
Charles
